Se trata de 200 familias que se asentaron ilegalmente en terrenos privados, y ante la demanda de su propietario, un juez de la República ordenó desalojo inmediato.
· Pese a que hay orden judicial que tiene que ser cumplida, uno de los principales objetivos es lograr un desalojo voluntario y amigable; en su defecto correspondería mediante el ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional).
· Dentro de un informe preliminar de la Gobernación de Antioquia, se logró identificar que 60 de las familias que se encuentran en la invasión poseen vivienda propia en el departamento.
El pasado viernes 9 de junio se realizó un importante consejo de seguridad en la sala de juntas de la Alcaldía de Carepa, con diferentes autoridades del orden departamental, regional y local, para tratar el tema de la invasión de por lo menos 200 familias que están asentadas ilegalmente en predios privados ubicados en la vía hacia el corregimiento Piedras Blancas, de la localidad, adyacente a la urbanización Villa Carolina.
Del consejo de seguridad, participaron el alcalde de Carepa Ovidio Ardila Rodas, el subsecretario de Gobierno departamental Hugo Parra Galeano, junto con el asesor de esa área, Diego Roldán; al igual que monseñor Hugo Alberto Torres, obispo de la Diócesis de Apartadó, la secretaria local de Gobierno y Participación Ciudadana, Juliana Chica, miembros del Ejército y de la Policía Nacional, Procuraduría, y de varios gremios de la zona.
En el consejo de seguridad, se indicó que el objetivo es lograr la mejor salida a esta problemática, generada tras el asentamiento ilegal de las familias en terrenos privados, lo cual motivó el reclamó por parte de su propietario, vía judicial; y tras ganar el pleito, un juez de la República ordenó desalojo inmediato.
Frente a este panorama, el subsecretario de Gobierno departamental Hugo Parra Galeano, recordó que el alcalde de Carepa ha sido sancionado económicamente por desacato a la orden del juez, y ratificó que de no cumplir con la orden judicial, el mandatario se somete a mayores sanciones o incluso a ser destituido, frente a lo cual, si así sucediera, quien lo reemplace en el cargo, igualmente deberá llevar a cabo el desalojo.
Los participantes concluyeron que alcanzarse el objetivo lograr un desalojo voluntario durante los próximos días, a finales de este mes de junio se ejecutará el procedimiento mediante la fuerza pública, pero con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia (ente que lidera este proceso), Bienestar Familiar, el Defensor del Pueblo, defensores de los Derechos Humanos, entre otras entidades, con miras a la protección de los derechos de todas las personas, especialmente a los adultos mayores, menores de edad, población en condición de discapacidad, y casos similares.
Por su parte, el mandatario de los carepenses trajo acotación un agravante, y es que gran parte de la invasión está en zona de alto riesgo, por lo cual no se puede permitir ubicar viviendas en sitios en los que corra peligro la vida y el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, infirió que todas las invasiones de los últimos tiempos han concluido con el desalojo, todo lo cual confirma que asentarse ilegalmente en terrenos ajenos no es la solución frente al problema del déficit de vivienda que afronta el país.
Se espera que en los próximos días, las familias desalojen los predios ajenos de manera voluntaria, dado a que de acuerdo con Código de Policía, los mandatarios locales están obligados a ordenar el desalojo en el término de 48 horas sin que medie denuncia del propietario del lote.
